Diagnóstico de la pobreza energética en España: Principales resultados a partir de un panel de hogares

Este estudio monográfico del IDAE, "Diagnóstico de la pobreza energética en España: Principales resultados a partir de un panel de hogares", presenta los resultados de la monitorización de un panel de hogares en situación de vulnerabilidad económica severa, realizada en el marco de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024. El trabajo busca profundizar en el conocimiento del gasto energético real y requerido de los hogares vulnerables, analizar la solidez de los indicadores de pobreza energética del Observatorio Europeo (EPOV) y evaluar las medidas existentes para combatir este fenómeno. Los resultados muestran una incidencia muy elevada de pobreza energética en el panel: tres de cada cuatro hogares están afectados por uno o dos indicadores EPOV, y uno de cada cuatro por tres o cuatro, con niveles entre dos y cinco veces superiores a los de la población general. Los perfiles más vulnerables corresponden a hogares de gran tamaño, monoparentales o monomarentales, encabezados por mujeres o con ingresos procedentes de prestaciones, y aquellos cuya persona sustentadora principal tiene nacionalidad distinta a la española. El estudio revela que el bono social eléctrico no llega a todos los hogares que cumplen los requisitos —al inicio se beneficiaba de él algo menos de la mitad del panel, cifra que el asesoramiento energético elevó hasta el 54,5%— y que el límite de consumo bonificado resulta insuficiente para muchos perfiles vulnerables. En cuanto al gasto energético, se constata una brecha significativa entre el gasto real y el requerido para cubrir las necesidades de confort térmico, especialmente acusada en hogares monoparentales, viviendas unifamiliares y zonas rurales. Las mediciones de confort térmico confirman una situación precaria: un 70% de los hogares declara pasar frío en invierno y un 66% pasar calor en verano, con temperaturas interiores fuera de los rangos recomendados. El informe también analiza el gasto en transporte, destacando un mayor gasto y uso del vehículo privado en zonas rurales y periurbanas. Entre las conclusiones, se subraya la necesidad de reforzar la información y protección de los consumidores vulnerables, mejorar la cobertura del bono social y avanzar en la rehabilitación energética de las viviendas. Elaborado por el IDAE con la colaboración del INE y AELEC, el estudio concluye que persisten riesgos sustanciales para la salud y el bienestar de los colectivos afectados, aportando una base sólida para orientar las políticas públicas, incluida la futura ENPE 2026-2030.