I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica

El I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), elaborado por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en 2019, da respuesta a las obligaciones establecidas en el Real Decreto 818/2018, que traspone la Directiva (UE) 2016/2284 sobre reducción de emisiones nacionales de contaminantes atmosféricos. El documento fija los compromisos de reducción de emisiones de España para dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y partículas finas (PM2,5), tomando 2005 como año de referencia, con metas para el periodo 2020-2029 y a partir de 2030. El Programa describe en primer lugar el marco de la política nacional de calidad del aire, sus prioridades y su vinculación con las políticas de cambio climático, energía, agricultura, industria y transporte. A continuación, analiza los avances alcanzados con las políticas y medidas ya vigentes (escenario con medidas, CM), tanto en reducción de emisiones como en mejora de la calidad del aire, y proyecta su evolución futura bajo ese mismo escenario. El documento presenta también las opciones estratégicas consideradas, estructuradas en paquetes de medidas sectoriales (energía, transporte, industria, sector residencial y comercial, residuos, agricultura y ganadería, entre otros) y transversales. Se detallan las políticas y medidas finalmente elegidas para su adopción, junto con el calendario previsto de aplicación y revisión y las autoridades competentes responsables de cada paquete. Se evalúan además los impactos combinados esperados de estas medidas adicionales (escenario CMA) sobre la reducción de emisiones, la calidad del aire y el medio ambiente hasta 2030. El Programa incorpora un anexo sobre políticas y medidas regionales relevantes, un glosario de términos y los índices de figuras y tablas. Las políticas y medidas seleccionadas incorporan las aportaciones recibidas en los procesos de consulta pública celebrados en 2018 y 2019.