Esta guía técnica, elaborada por la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MITECO, ofrece a promotores y consultores una metodología para incorporar en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de la Administración General del Estado la valoración de los efectos de los proyectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y las zonas protegidas. Responde a la modificación de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental por la Ley 9/2018, que introdujo de forma explícita la consideración de los objetivos ambientales derivados de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) en la EIA. El documento expone en su primera parte los objetivos ambientales aplicables a masas de agua superficial, masas de agua subterránea y zonas protegidas, así como las principales presiones e impactos que suelen afectar a su estado. A continuación desarrolla una metodología de evaluación estructurada en fases: decisiones preliminares, recogida de información sobre el estado inicial, pronóstico de la evolución con el proyecto e identificación de impactos significativos, diferenciada para aguas superficiales, aguas subterráneas y zonas protegidas. Dedica un capítulo al establecimiento de medidas mitigadoras y otro al seguimiento de los efectos del proyecto sobre dichos objetivos ambientales. Trata también el régimen de exenciones al cumplimiento de los objetivos ambientales previsto en el artículo 4(7) de la Directiva y su transposición mediante el artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica, detallando las justificaciones que deben acreditarse para su aplicación. Incluye recomendaciones sobre cómo organizar y presentar esta información dentro del Estudio de Impacto Ambiental o el Documento Ambiental. Se completa con varios anexos que recopilan la normativa de referencia, herramientas técnicas para predecir cambios en el estado de las masas de agua, listas de comprobación sobre deterioro del estado ecológico y relaciones orientativas de medidas mitigadoras elaboradas por el grupo ECOSTAT. El contenido tiene carácter orientativo y no constituye una metodología obligatoria ni un pronunciamiento oficial vinculante del Departamento.