7º Plan General de Residuos Radiactivos

7º Plan General de Residuos Radiactivos establece la política y las líneas estratégicas para la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos en España, así como para el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares y radiactivas. El documento explica que estos residuos se generan en la producción de energía nuclear, en el desmantelamiento de instalaciones, en usos médicos, industriales o de investigación, y en actividades relacionadas con la minería del uranio, y que su gestión exige medidas de contención y aislamiento a largo plazo para proteger la salud humana y el medio ambiente. El plan define el marco normativo y organizativo aplicable, en consonancia con la normativa europea y con los compromisos internacionales sobre seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. Entre sus objetivos se encuentran definir la política nacional en esta materia, establecer las líneas estratégicas para cada tipo de residuo, planificar las actuaciones necesarias, orientar la investigación y evaluar los costes futuros asociados a la gestión y al desmantelamiento de instalaciones. El documento incluye el inventario de los residuos existentes y las previsiones de generación futura, así como las soluciones técnicas previstas para su almacenamiento, transporte y gestión, diferenciando entre residuos de muy baja, baja y media actividad y los de alta actividad y combustible nuclear gastado. También se detallan las actuaciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones, la logística necesaria para la gestión de los residuos y otras actuaciones complementarias como la vigilancia radiológica, la gestión de materiales radiactivos fuera del sistema regulador o la respuesta ante emergencias. El plan establece que la gestión debe basarse en criterios de seguridad, responsabilidad del generador, financiación mediante el fondo específico para estas actividades y utilización preferente de sistemas de seguridad pasivos, garantizando además la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones.