El contenido aborda la normativa en España relativa a la calidad del aire, destacando el Real Decreto 102/2011, que desarrolla la Ley 34/2007 y transcribe directrices europeas sobre este tema. Establece objetivos y métodos de evaluación de la calidad del aire, así como la obligación de proporcionar información relevante a la población y a la Comisión Europea. Varias administraciones públicas están involucradas en este proceso, incluyendo el Ministerio para la Transición Ecológica y las Comunidades y Ciudades Autónomas, que tienen la responsabilidad de gestionar y medir la calidad del aire en sus territorios. Entre sus funciones se encuentran la delimitación de zonas específicas, implementación de planes de mejora y la colaboración con organismos de investigación para modelizar la calidad del aire. También se destaca el rol del Centro Nacional de Sanidad Ambiental como Laboratorio Nacional de Referencia, asegurando que se utilicen correctamente los métodos de medición en las redes de control.